“A partir de la fecha los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Helena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y (Carlos) Fernando Rosenkrantz tendrán derecho de upgrade a clase ejecutiva, sujeto a espacio, en los vuelos de nuestra empresa”, dice la notificación por mail que recibieron el sábado los referentes que tiene la compañía en distintos aeropuertos.

El mensaje es transmitido por Ricardo Lehmacher, gerente de Aeropuertos y de larga trayectoria en Aerolíneas, pero la orden del pase de cabina es una decisión que sólo pueden imponer las autoridades políticas de la gestión. Es decir, a la administración que lidera Isela Constantini.

Precisamente, en marzo, Constantini, había quedado en el centro de la escena luego de que el sitio La Política Online publicara que accedió a cambiar gratis a clase ejecutiva a Javiera Alvarez Echagüe, la mujer del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, pese a que ni bien asumió bajó la orden de discontinuar los pases de cabina selectivos.

En aquella ocasión, voceros de Dietrich, citados por el mismo sitio web, atribuyeron la decisión “a un proceso habitual de las aerolíneas cuando tienen los vuelos llenos, que se llama aprovechamiento comercial”.

En esta ocasión, la notificación no brinda ningún argumento. Vale la aclaración: la disposición recién circuló internamente el sábado, por lo que difícilmente alguno de los magistrados haya accedido al “derecho” al que alude el mail.

Además, es probable que los magistrados, en función de lo que dispone la ley de Etica Pública, no acepten el beneficio.

Es que en el artículo 18 se especifica que “los funcionarios públicos”, dentro de los que se incluye por supuesto a los jueces, “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

Y aclara que “en el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico- cultural si correspondiere”.