La gobernadora María Eugenia Vidal vetó una ley que suspendía por un año los juicios y medidas cautelares iniciadas por Sadaic, AADI, Capif y Argentores contra hoteles en la provincia de Buenos Aires, por el uso de aparatos receptores de audio y televisión dentro de las habitaciones.

La ley, sancionada en mayo y cuyo autor fue Marcelo Di Pasquale (Frente Renovador), también establecía que Sadaic, AADI, Capif, Argentores, Sagai, DAC y Uadav, y demás entidades privadas creadas para percibir y administrar las retribuciones "deberán habilitar una sede administrativa en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, desde donde difundirán y publicitarán información completa y precisa de todo lo referente a la actividad que desarrollan, para el conocimiento de la ciudadanía, y fiscalizarán el cumplimiento de las normas que rigen la materia".

A través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, la gobernadora justificó al veto al señalar que "la suspensión alcanzaría a las demás entidades privadas con regímenes especiales y actividades conexas creadas para percibir y administrar las retribuciones previstas en el artículo 56 de la Ley Nacional N° 11.723, contra los prestadores de hospedajes o alojamiento con capacidad de hasta cincuenta plazas que se encuentren debidamente categorizadas por la autoridad de aplicación de la Ley 14.209".

Vidal explicó que "el Ministerio de Producción señaló que la facultad del Poder Ejecutivo para celebrar los convenios que estipulen aranceles diferenciados beneficiaría sólo a una fracción minoritaria del total de establecimientos turísticos de la Provincia, atento que solo el 36% de ellos cuentan con menos de 50 plazas y así planteado, el beneficio podría generar incentivos contrarios a la inversión".

La iniciativa vetada detallaba entre sus fundamentos que buscaba "legislar en favor de la promoción del turismo utilizando más herramientas que impulsen esta industria fundamental en la Provincia", por lo que proponía "suspender los juicios iniciados por Sadaic. AADI Capif y Argentores contra establecimientos dedicados al alojamiento de personas de carácter temporal por la posesión de aparatos receptores de audio y televisión en sus habitaciones".

Además, se afirmaba que "en la actualidad los titulares y responsables de estos establecimientos comerciales y asistenciales, como así también las asociaciones y cámaras empresarias que los nuclean, respecto del perjuicio que les ocasiona las sucesivas intimaciones e inicios de demandas por parte de las entidades que representan a intérpretes, autores y productores de piezas musicales, continúan planteando la necesidad de solucionar la situación".

Finalmente añadía que "en muchas oportunidades se pagan cánones y montos que exceden en principio, para los obligados, erogaciones excesivas e injustas".