El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, informó que se pondrá en marcha el próximo domingo un “protocolo” ante posibles amenazas de bomba en los colegios donde se desarrolle la jornada electoral.

“Vamos a tener un protocolo organizado para tratar de que no se interrumpa el acto electoral” ante posibles amenazas, dijo el ministro, y agregó que, en el caso de que se interrumpa, “se van a generar las condiciones para que todas las personas que estén involucradas en la suspensión voten igual”.

“Hoy conversé con el juez federal Electoral (Juan) Culotta, porque obviamente hay que generar y tener una acción articulada con el Comando Electoral que reúne a todas las fuerzas de seguridad que se involucren en la elección, y con la junta electoral de la provincia”, explicó Ferrari en diálogo con Radio Mitre.

Para el ministro, “hay que procurar que estas acciones no interrumpan la voluntad de voto del electorado bonaerense”, ya que consideró que de otra forma “estaríamos presos de las amenazas”.

Explicó que antes de la jornada electoral, “el protocolo va a determinar la mejor manera de, previamente, asegurar que no haya elementos peligrosos dentro de ese colegio", y en cuanto a las fuerzas de seguridad, indicó que "van a actuar procurando tener un refuerzo especialmente en la provincia de Buenos Aires ese día”.

Al confirmar el protocolo especial que se pondrá activo el domingo, el ministro dijo que "se van a tomar todos los recaudos para asegurar los votos emitidos, que las actas releven la cantidad de ciudadanos que ya votaron y, de alguna manera, prever cómo completar el acto electoral; todo eso está ya pensado en un trabajo conjunto del Juzgado Federal y del Comando Electoral, con el que nos estuvimos reuniendo estos días".

"Vamos a estar con todas las prevenciones para que lo que debería ser una fiesta, lo sea”, sentenció Ferrari quien, por otro lado, destacó que "curiosamente la mayoría de las amenazas se concentran en la provincia de Buenos Aires y en determinados distritos".

En ese marco, agregó que "no ha habido voces de condena, más allá del oficialismo”.

"Uno no ha escuchado manifestaciones públicas en estos hechos de tamaña gravedad. Vemos un oficialismo muy activo que trabaja incluso para decirle a la población que esto es delito, que una amenaza falsa de bomba es un delito penal que estipula condenas de dos a seis años, por eso hay que tener cuidado", agregó.

También puntualizó que el gasto del Estado ante este tipo de amenazas, más allá del gasto operativo concreto de los bomberos o defensa civil, se acerca a los 100 mil pesos. “Estamos estimando los reclamos económicos en 100 mil pesos por cada amenaza falsa, y por ese número por el cual vamos a hacer los reclamos", subrayó.