El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó el rechazo al levantamiento de la inhibición general de bienes que pesa sobre el Grupo Índalo, en el marco de la causa en la que son investigados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza.

El escrito será presentado en las próximas horas ante el juez federal Julián Ercolini, que investiga a los empresarios por el no pago al fisco de más de 8.000 millones de pesos por el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), supuestamente desviados a otras firmas del Grupo Indalo.

Ante el magistrado, y luego de que la Cámara de Casación determinara la competencia federal de la causa, los imputados pidieron levantar la inhibición sobre el Grupo Índalo, que tiene un total de 170 empresas, para permitir vender sus acciones a los empresarios Ignacio Rosner y Santiago Dellatore.

Los empresarios justificaron que la inhibición imposibilitaba líneas de crédito y ponía en peligro los negocios del grupo, y que de poder levantar la medida permitiría el traspaso accionario al grupo comprador.

En ese sentido, se refirieron a la existencia de 4.000 fuentes de trabajo directas y 11.000 indirectas del Grupo Indalo.

La querellante AFIP se opuso y luego lo mismo hicieron los veedores designados por la Justicia.

"No resulta posible emitir una opinión seria y fundada respecto de una cuestión que resulta compleja y a la vez trascendente para el devenir de esta causa como es el levantamiento de la inhibición general de bienes detectada en autos", opinó Pollicita en un dictamen, que será presentado en las próximas horas pero que ya firmó.

"No corresponde hacer lugar a lo solicitado y que resulta necesario que se realicen una serie de medias de dichos movimientos y valuaciones de las acciones e informes de riesgo sobre los referidos mutuos", resaltó.

Para la Fiscalía, levantar la inhibición "podría significar la desprotección del patrimonio de los imputados con el cual se busca garantizar no solo la eventual reparación del perjuicio ocasionado a la AFIP, sino también los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad, la eventual pena pecunaria y el pago de las costas que pudiera llegar a imponerse como consecuencia de la presente pesquisa".

Además, el fiscal le solicitó a la AFIP que informe la deuda actualizada del monto el perjuicio de concreto y la fórmula con la que se llegó a dicho cálculo.