El ex ministro de Trabajo bonaerense Oscar Cuartango presentó ante el fiscal penal Jorge Paolini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Nro. 15 de La Plata, un escrito donde negó la acusación de peculado y concusión (uso del cargo en beneficio propio) y dijo que siempre trabajó honestamente.

Cuartango está imputado penalmente por haber cobrado de manera indebida más de 1.500.000 pesos, luego de nombrar a 36 trabajadores en enero de 2015, los que empezaron a cumplir funciones en julio, y a los que, según la acusación, les pidió el retroactivo que percibieron por el primer semestre de ese año.

Según se informó, cada uno de los 36 trabajadores debió entregar cerca de 50.000 pesos, muchos de ellos bajo la amenaza de que si no lo hacían iban a perder el puesto.

"Cuartango negó los hechos que se le imputan y en el escrito en papel que presentó hizo un "racconto" de su vida e indicó que siempre trabajó honestamente", reveló una fuente de la fiscalía.

Sostuvo que los empleados que lo acusan, al decir que les pidió un retroactivo del sueldo para la campaña presidencial de Daniel Scioli, "trabajaron en el Ministerio", pero resaltó que nunca les pidió nada.

Las fuentes indicaron que "Cuartango pidió en su declaración escrita que se cite a aquellos testigos" que lo acusan.

Además del ex ministro, están acusados quienes fueron director general de Administración, director de Contabilidad, director de Personal y director de Asuntos Legales, además de dos empleados que formaron parte de un circuito ilegal de liquidación de dinero con el que defraudaron a la administración pública.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por el fiscal Paolini, titular de la UFI Nro. 15 de La Plata, que consta con declaraciones testimoniales, documentos y hasta grabaciones de los pedidos de dinero, fueron imputados además de Cuartango los ex funcionarios Graciela Rolhaiser, Ariel Marcatili, Diego Podaschevsky, Ricardo Narbais y Celina Sarraua.

El lapso en el que se cometieron los hechos es entre julio y noviembre de 2015 y, según los damnificados -casi todos jóvenes-, se les pedía el dinero para la campaña presidencial de Daniel Scioli.

En un segundo hecho, la empleada Tamara Barbosa denunció que bajo amenazas tuvo que entregar a autoridades de la cartera de Trabajo 11.000 de los 14.000 pesos de su sueldo; es decir, casi el 80% de lo que cobraba, situación que se habría repetido entre enero y noviembre de 2015.

Por las pruebas recolectadas, el fiscal Paolini le tomará declaración a Rolhaiser, el 4 de diciembre a la 9; a Narbais, para un día después; a Marcatili, el 6 de diciembre; Sarraua, el 7, y Podaschevsky, el 12 de diciembre.

Interviene en la causa el Juzgado de Garantías Nro. 3, a cargo del juez Federico Atencio.