Los jueces de la corte suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se apartaron del expediente de la cadena comercial que fundó  el coordinador del gabinete Nacional Mario Quintana, excusándose por distintos motivos que podían intervenir en algún conflicto de intereses a la hora de tomar una decisión.

En el caso de Rosenkrantz, cuando ejercía su profesión en el ámbito privado, su estudio Bouzat, Rosenkrantz &Asociados fue contratado por Farmacity. Y en el  de Rosatti, el argumento esgrimido para excusarse fue que había trabajado con la directora de Asuntos Jurídicos de la cadena farmacéutica, Andrea Gualde.

Sin embargo, según pudo saber díaocho.com la verdadera razón por la cual Rosatti se apartó del caso pasa por su estrecha relación con su vocero, Silvio Robles, quien está casado con la actual jefa de prensa del vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, Laura Latorre, quien ya lo acompañaba en esa misma tarea en épocas de Farmacity.

Tras la excusación de Rosenkrantz y Rosatti, el expediente sigue su marcha, ahora en la Procuración. Sin embargo, es sabido que el caso Farmacity no está entre los temas más importantes de la Corte Suprema para resolver en lo inmediato.

El desembarco de la cadena en la provincia de Buenos Aires despertó muchas polémicas, no sólo en el ámbito comercial sino también político y en la Justicia. La Gobernadora Vidal, amiga personal de Quintana, se encuentra en el medio de una incómoda situación.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que está en contra de la expansión de la red de farmacias, acusa al funcionario de forzar a la Justicia para que "propicie una ley a medida de Farmacity".

De allí suscita uno de los principales cuestionamientos a Quintana. Es que en rigor mantiene el 3% de las acciones de la empresa, algo que según la ley de ética pública es incompatible teniendo en cuenta que exige no tener vinculaciones con acciones en el ámbito privado como mínimo un año antes de ejercer la función pública y un año después de dejar el cargo, para no influir desde un lugar de poder en beneficio personal o en detrimento de la competencia.

Asimismo, se cuestiona fuertemente el argumento de Mario Quintana en torno al desprendimiento de esas acciones que le quedan, ya que después de más de dos años como funcionario muchos actores de la industria farmacéutica lo advierten como una maniobra especulativa que busca esperar un fallo favorable en relación al ingreso de la cadena a la Provincia de Buenos Aires para recién ahí vender sus acciones, algo que lo haría ganar más plata indefectiblemente. Además, en el retorno del programa del periodista Jorge Lanata a la televisión, se conoció que Farmacity es controlada por Partners I, una sociedad cuyo dueño es Mario Quintana, que representa el 53% de los votos del directorio de la empresa. Es decir que su injerencia sigue siendo absoluta.

Mientras tanto, Farmacity ya entró a la Provincia de Buenos Aires a través de Simplicity, la cadena de artículos de perfumería, limpieza, maquillaje y cuidado personal, que no comercializa productos farmacéuticos como medicamentos.

La defensa que la empresa expuso fue que "las barreras para ingresar a la provincia de Buenos Aires son violatorias de los derechos de Farmacity de poder ejercer su actividad y además perjudican a la población, dado que esa provincia ostenta la menor densidad de farmacias del país".

En la misma sintonía, un aluvión de “tuiteros” instalaron el tema en las redes sociales llevándolo a ser “trending topic”, procurando impulsar la expansión de la cadena en territorio bonaerense como una necesidad fundamental para los habitantes de la Provincia y como un derecho, algo que fue denunciado por la oposición como una presunta maniobra de los llamados “trolls” oficialistas que suelen marcar tendencia sobre algunos temas de interés en la agenda en la dirección conveniente según el caso.

Así las cosas, habrá que ver si el fallo de la corte sucede antes o después del proceso de venta que argumenta Quintana, y si en tal caso hubiera habido alguna presión fáctica del Poder Ejecutivo y de la propia Justicia.