La relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó en 1956, durante el régimen de Pedro Eugenio Aramburu. En ese entonces, el presidente de facto decidió que el país se incorporara al organismo a través de un pedido de asistencia financiera. Para ése entonces la "Revolución Libertadora" dejó u$s 1.100 millones de deuda externa. Tras el paso de Arturo Frondizi por la presidencia se convirtieron en u$s 1.800 millones por intereses acumulados en 1962 y luego en u$s 2.100 millones al finalizar el Gobierno de facto de José María Guido.

Ya en la última dictadura cívico militar el FMI aportó varios aportes financieros. Durante el proceso militar, la deuda se multiplicó por seis en seis años, al pasar de u$s 7.000 millones en 1976 a u$s 42.000 millones en 1982.

Por su parte, en 1988, último año de la gestión de Raúl Alfonsín, Argentina logró un acuerdo financiero del tipo de Compensatory Financing Facility, que se tradujo en un Convenio de Financiamiento Compensatorio por Caída de Exportaciones. Pero el primer mandato luego de la recuperación de la democracia había registrado hasta entonces un acuerdo stand by negociado por el ministro Juan Vital Sourrouille y José Luis Machinea como titular del BCRA, en 1987.

Con la convertibilidad de los noventa y el Plan Brady de 1989, el FMI profundizó los vínculos con los gobiernos locales, que durante algunos períodos cortos habían discontinuado pagos de intereses.

Entre 1987 y el 2000, el FMI continúo habilitando recurrentes programas financieros para el Gobierno de Carlos Menem y el superministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.

En 1996 la deuda del Estado ascendió a u$s 90.472 millones. Posteriormente la crisis internacional con epicentro en el sudeste asiático, sumado a los coletazos que provocó en la región con la extensión de la crisis en Brasil, llevó al recambio de Gobierno que se tradujo más tarde en el fin del modelo de convertibilidad, en un contexto de enorme deuda pública y elevado déficit fiscal.

Durante el Gobierno de la Alianza todas las decisiones económicas tenían intervención o consulta del FMI, que como habitualmente habilitó millonarios créditos para paliar la onda expansiva de lo que fue el megacanje.

En el nuevo milenio, ya en el año 2000, se concretó un acuerdo stand by que implicó desembolsos por u$s 40.000 millones, mientras que el megacanje fue de hasta u$s 8.000 millones, a cambio de la Ley de Déficit Cero y otros condicionamientos domésticos. Todo terminó como sabemos;  corralito, default de u$s 144.000 millones y la peor crisis institucional de la historia Argentina. Sin embargo, en el 2002 otra vez el FMI volvió a apoyar la reestructuración de la deuda. Parte del problema que después intenta ser la solución.

En 2003 se había registrado el último acuerdo entre la Argentina y el Fondo, expresado en un acuerdo financiero stand by durante la presidencia de Eduardo Duhalde, mientras era ministro de Economía Roberto Lavagna.

 

Ya en el Gobierno de Néstor Kirchner, el entonces Director del FMI, el español Rodrigo Rato, intentó negociar un acuerdo en medio de las tratativas para la salida del default del 2001. Trató sin éxito que Kirchner hiciera un ajuste fiscal brutal, a cambio del apoyo para el proceso de negociación con los bonistas.

Las negociaciones fracasaron, y el organismo levantó su oficina permanente en Argentina. Más tarde Kirchner le pagó la totalidad de la deuda de u$s 9.500 millones al contado, lo que significaba algo histórico más allá de lo económico. Desde ese momento el país no tuvo más ningún préstamo.

Casi una década y media después, en el año que corre, un director del FMI volvió a visitar la Casa Rosada para dialogar con el presidente Mauricio Macri. De ese encuentro no surgió ninguna necesidad inmediata de acuerdo financiero, pero sería a la postre la antesala de lo que hoy significa un nuevo pedido de asistencia financiera del Gobierno argentino al Fondo ante la situación de volatilidad que enfrenta la economía de nuestro país.