El Gobierno Nacional le está pidiendo a los empresarios que hagan filantropía. Resulta extraño viniendo de un equipo que hasta el día de hoy sigue teniendo conflictos de intereses por sus acciones en empresas privadas. Nadie más que el presidente Mauricio Macri y su gabinete conoce el modus operandi del empresariado y sus márgenes de rentabilidad.

El empresario analiza costos y ganancias. No existe la variable social del contexto excepto que se trate de una merma en las ventas que los obligue a bajar los precios como estrategia de marketing. Sin embargo, y a sabiendas de esto, como ficción o como farsa el Gobierno exhorta al empresariado a no trasladar la suba del dólar a los precios de los productos básicos como los alimentos. Lo mismo ocurrió con la nafta, donde se acordó con el sector congelar los valores por dos meses. Está muy bien –y en buena hora- querer ejercer desde el Estado un mayor control sobre los topes que fijan los empresarios, muchos de los cuales aprovechan situaciones como la reciente crisis cambiaria para subir en exceso precios de bienes, productos o servicios que no están atados al dólar, pero en rigor no se trata de convertir en corderos a los lobos voraces que hacen negocios, sino más bien de planificar y ejecutar una política económica que evite estos desbarajustes donde se pierde la noción de los precios relativos de referencia.

Los empresarios siempre serán empresarios, y no se les puede pedir que resignen ganancias por impericias del Poder Ejecutivo en su manejo de la economía. Ninguno hará más que cumplir con el porcentaje que, por ley, entre el 1 y el 5% de las utilidades, deben destinar a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). En todo caso, podrán contener una suba brutal y prorratearla en meses consecutivos, pero de ninguna manera realizarán una condonación al pueblo sacrificando sus propias ganancias. Cuando un mercado deja de ser rentable, la empresa se va en busca de mejores oportunidades. Y eso siempre se traduce en menos inversiones y menos empleo, básicamente. Por eso el Gobierno no sólo debe proteger, por un lado, las condiciones del capital privado para operar en nuestro país, sino también, y fundamentalmente, cuidar el bolsillo de la gente sin populismo ni demagogia, para no repetir la historia que ellos mismos criticaron en el pasado inmediato.