El Gobierno nacional oficializó el veto a la ley que frenó el reciente aumento de tarifas de los servicios públicos.

"El Presidente de la Nación Argentina decreta: observase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el Nº 27.443; devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado", dice la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Macri firmó ayer a la mañana el decreto para vetar la iniciativa sancionada horas antes en el Senado. El decreto 499/2018, con las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, apela al costo fiscal de la ley en sus considerandos. Según el Gobierno, el freno a las subas implicaba un costo fiscal de $115.000 millones para 2018 y de $170.000 millones hasta 2019.

Los fundamentos del veto no sólo apuntan al costo fiscal y a la facultad que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo para fijar tarifas, sino que además hace referencia al veto que dictó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando el Congreso fijó en 2010 que los haberes jubilatorios mínimos debían equipararse con el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil.