El fiscal Ramiro González imputó al vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri con el objetivo de determinar si la red de farmacias fue beneficiada en el ejercicio de su cargo como funcionario público, tras conservar parte de las acciones de la empresa. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo.

De esta manera, la Justicia se dispuso a investigar la relación que mantiene con Quintana con Farmacity, quien conserva el 3% de las acciones y dice estar “en proceso de venta” desde hace varios meses.

Lo más llamativo para el fiscal no es el porcentaje del que aún no se desprende uno de los integrantes del gabinete nacional más importante, sino que de esas acciones se desprende un control de los votos del directorio del 53%, a cargo de la sociedad Partners I. Además, la pugna por entrar a la Provincia de Buenos Aires con Farmacity es otro de los grandes conflictos de intereses, sobre todo si se tiene en cuenta que el valor de las acciones se incrementaría sustancialmente si la venta se da a posteriori, además de las especulaciones que se abren en torno a la estrecha amistad de Quintana con la Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

En este marco, e fiscal González pidió el requerimiento de todas las declaraciones juradas que Quintana presentó ante la Oficina Anticorrupción, así como los balances de las principales sociedades que componene Farmacity (entre ellas Partner I) y también pidió determinar si esta compañía es proveedora del Estado, en especial, del PAMI.