Las derivaciones de la precaria situación económica que atraviesa la Argentina se están traduciendo, de manera inmediata, en más reclamos en las calles. Hasta aquí no han habido enfrentamientos que generen un desborde social, pero la escalada se ve en puerta y el Gobierno está preparado para eso; Patrica Bullrich tiene no sólo la convicción sino la orden y el beneplácito del presidente Macri de actuar no sólo ante hechos de flagrancia, es decir ante la consumación de un delito o algún episodio que altere el orden, sino de anticiparse mediante el uso de la fuerza pública y la inteligencia previa para desactivar o impedir que cualquier hecho de esa naturaleza que se esté originando llegue a proliferarse.

De este contexto surge un actor central que es el dirigente social y amigo del Papa Francisco, Juan Grabois, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En medio del escenario antes descripto, se convirtió en uno de los referentes que lleva los reclamos sindicales y de las organizaciones sociales al Gobierno con la ventaja de tener como nexo a la Iglesia, que apoya las mismas causas y que le preocupa especialmente la situación social no sólo desde la perspectiva local del Episcopado argentino sino también desde el propio seno del sumo pontífice, algo que fue motivo de conversación en el último encuentro que mantuvo el Santo Padre con la Gobernadora María Eugenia Vidal y con la ministra de Desarrollo Carolina Stanley.

¿Podrá Grabois hacer llegar los reclamos de la “economía popular” y lograr contener una situación que se precipita cada vez con mayores dificultades? ¿Será la llave para que el Gobierno pueda mejorar su relación con la Iglesia y con el Papa en particular? ¿Le pedirá Francisco que “cuiden a Mauricio” como en su momento pidió que “cuiden a Cristina”? Ése, cabe recordar, fue un acto que sólo tuvo por objetivo la búsqueda de la responsabilidad institucional y la gobernabilidad. Lo mismo podría ocurrir ahora.

Parece difícil imaginar que el Gobierno intente ahora mejorar su relación con la iglesia luego de avanzar en el Congreso la ley del aborto en el país del Papa. También parece difícil que cambie su perfil social cuando machacó hasta el hartazgo con el concepto de que hay 4 millones de argentinos de la denominada “clase media” que sostienen o “bancan” a otros 12 millones que están en peores condiciones socio-económicas. Sobre todo, porque están convencidos, electoralmente, que no deben ir a buscar los votos que nunca serán propios. Por el contrario, en momentos de crisis y retracción, quedaron atrás las aspiraciones expansionistas de la “ola amarilla” y apuntan, de modo más conservador, a consolidar al electorado propio para evitar fugas.

Sin embargo, cuando la realidad se impone por sobre el análisis y la estrategia electoral, no queda más que esperar que un hecho fortuito cambie la dinámica política para conseguir un nuevo respaldo en las urnas. De lo contrario, lejos de enfrentarse, la clase media y baja pueden unirse en un reclamo común, como ocurriera en el 2001 bajo el lema "piquete y cacerola, la lucha es una sola". Con lo hecho hasta aquí, el Gobierno ha demostrado no sólo muchos errores no forzados, sino también que lo que hizo bien es, a todas luces, insuficiente. Y para colmo, ya no le alcanza con las reminiscencias de la “pesada herencia” como fantasma para sostenerse en el tiempo.