La Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, se reunió con referentes de distintos Movimientos sociales con el objetivo de bajar la tensión y retomar el diálogo. En el primer encuentro, ofreció una suba en los montos de la ayuda social de tan sólo $500 que fue rechazado inmediatamente por el sector, advirtiendo que mantendrán sus reclamos callejeros.

Participaron de la reunión, que se llevó a cabo en el edificio de la cartera que conduce Stanley sobre la Avenida 9 de julio, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). También estuvo presente el obispo de Merlo-Moreno, Fernando Maletti. El nexo e interlocutor ausente fue Juan Grabois, amigo del Papa Francisco y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

Si bien las expectativas de ambos lados no eran del todo auspiciosas, luego de la reunión tanto el Gobierno como los movimientos sociales reafirmaron su "vocación por el diálogo" frente a la crisis económica que afecta a millones de personas de bajos recursos especialmente, aunque reconocieron que “nada de lo conversado permite establecer una tregua y abandonar los reclamos”.

En ese sentido, todos los referentes que fueron parte del cónclave coincidieron en que de acuerdo al panorama la propuesta del Gobierno es insuficiente y que en las próximas semanas, de no mediar hechos concretos que lleven solución a las problemáticas planteadas, se juntarán en la puerta de los supermercados para pedir comida.

Desde el Gobierno, más optimistas, como de costumbre, señalaron que “la reunión fue positiva” y que “el diálogo siempre existió”.

Por su parte, aclararon que el aumento de $500 en los planes sociales se dará en dos cuotas, a partir del mes próximo, y que la ayuda alcanzará únicamente a las 500 mil personas que perciben ese beneficio.

Ahora, el desafío del Gobierno será evitar que esas protestas callejeras escalen con violencia, algo que resulta casi inevitable si se tiene en cuenta que el protocolo de seguridad impulsado por la Ministra de Seguridad Patricia Bulrrich y avalado por el presidente Macri tiene por objetivo reprimir los piquetes, cortes de calle o cualquier alteración del orden público.