Tras una larga negociación, el Ministerio Público Fiscal brasileño anunció un acuerdo con su par argentino. Se podrán utilizar las delaciones obtenidas en el marco del caso Odebrecht por el MPF de Brasil para investigar a crímenes de corrupción cometidos en Argentina. A cambio, las autoridades locales se comprometen a aplicar el principio de non bis in ídem, por lo que aquellos ya fueron juzgados por los delitos del lava jato en Brasil no podrán ser imputados por los mismos hechos en el marco de la ley Argentina.

Las negociaciones entre las máximas autoridades persecutorias de ambos países se toparon inicialmente con el escollo del principio de soberanía. Argentina se negaba a renunciar al uso de su poder soberano de juzgar a aquellos que violaron las leyes locales. Sin embargo, a través de este acuerdo bilateral el Ministerio Público Fiscal argentino podrá hacerse con las confesiones obtenidas por la justicia brasileña, sumando un valioso insumo a la hora de investigar a los actores argentinos que formaron parte de un esquema de corrupción que movió casi 60 millones de dólares en sobornos por el arreglo de obras públicas, como el soterramiento del tren Sarmiento, una planta potabilizadora y la extensión de gasoductos.

Al acceder a las confesiones de Marcelo Odebrecht y sus colaboradores, los fiscales nacionales tendrán un conocimiento acabado de la operatoria de los sobornos por la obra pública en Argentina. De este modo, la posibilidad de recolectar pruebas y robustecer los casos a la hora de identificar y perseguir judicialmente a los demás actores involucrados aumenta considerablemente.

Julio de Vido se erige como la figura más complicada en este panorama. El exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios aparece como el principal facilitador para que Odebrecht montase su esquema de sobornos en el país y obtenga contratos de obra pública millonarios. Sin embargo, los alcances de este proceso judicial amenazan con salpicar a todo el espectro político nacional, involucrando a su vez a empresas que actualmente siguen operando en el país.

El escándalo iniciado en Brasil recibió el nombre de lava jato por ser un lavadero de autos el espacio que se utilizaba como coartada para realizar las operaciones de lavado de dinero que luego se redireccionaba a la política. En el marco de esta investigación se vieron absorbidos las mayores figuras políticas brasileñas, Lula Da Silva, quien actualmente hace campaña desde la cárcel, y Dilma Rouseff, destituida de su cargo como Presidente de Brasil por el poder legislativo en el año 2016. Compromisos similares al que acaba de asumir Argentina se ya se firmaron con Suiza, Noruega y los Países Bajos.