Una de las medidas destacadas de la implementación del ajuste para llegar al equilibrio fiscal fue el traspaso de los subsidios de transporte y energía a las provincias. La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, debió recibir de la nación el paquete que le costará a los recursos bonaerenses un estimado de 30.000 millones de pesos en 2019.

Pero Vidal, quien gobierna el distrito más populoso y con los mayores índices de pobreza del país, parece no tener paz. Se oficializó en las últimas horas que mediante la resolución 122/2018, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán hacerse cargo del beneficio de la “tarifa social”.

De este modo, se sumarán a las erogaciones de la Provincia de Buenos Aires los gastos correspondientes a solventar este beneficio, mediante el cual las personas abarcadas sólo se hacen cargo de los costos fijos y de distribución de energía que cobran en la boleta.

La población abarcada por el beneficio corresponde a jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vitales y Móviles; trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; titulares de programas sociales; usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social. ;usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844) ;usuarios que perciben seguro de desempleo ;titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente; y titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia.

Quienes no están en condiciones de acceder al beneficio, por otro lado, son quienes sean propietarios de más de un inmueble, posean un vehículo de hasta 10 años de antigüedad (a menos que posean un certificado de discapacidad) o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo.