Con el objetivo de lograr los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto 2019, el presidente Mauricio Macri le propuso a los gobernadores una batería de medidas fiscales que los ayude a incrementar su recaudación y la suspensión de algunos puntos del Consenso Fiscal firmado el año pasado, que obligaban a las provincias a acelerar la reducción del gasto. 
 
El Gobierno nacional envió ayer a los mandatarios provinciales el borrador de la adenda al Pacto Fiscal, un documento de apenas cinco carillas que contiene una batería de medidas tendientes a mejorar la recaudación y a ampliar sus gastos para afrontar las mayores obligaciones que van a recibir, como hacerse cargo de los subsidios al transporte. 

Todos los puntos plasmados en el documento fueron discutidos el martes pasado durante el encuentro de Macri con 19 gobernadores, pero no habían sido volcados por escrito. 

El documento, contiene tres apartados diferentes: uno relacionado a medidas fiscales, otro destinado los gastos de las provincias, y un tercero con las obligaciones de Nación. Todos los casos apuntan a atemperar el esfuerzo fiscal extra que deberán hacer las provincias para absorber el recorte de $ 100.000 millones exigido por Nación como parte de su plan para lograr déficit 0 el año próximo. 

En el plano fiscal, la adenda al consenso suspende por dos años el compromiso de no aumentar la alícuota de Bienes Personales, lo que abre la puerta para negociar un aumento e ese tributo para los bienes radicados en el exterior. Cualquier aumento de esta variable impacta en las provincias vía coparticipación. También se congela para el año que viene la obligación de las provincias de rebajar el impuesto a los Sellos, aunque seguirá vigente ese compromiso para el caso de Ingresos Brutos, contra lo que pedían los gobernadores. 

Finalmente, deroga las exenciones del impuesto a las Ganancias para funcionarios públicos y para las ganancias generadas por operaciones de crédito de entidades cooperativas o mutuales, que apunta a "cuevas financieras" que se "disfrazan" como entidades de este tipo. 

Con respecto a la Ley de Responsabilidad Fiscal, se permitirá el aumento del gasto público (limitado a la inflación por el acuerdo del año pasado), en dos casos puntuales: cuando las jurisdicciones hayan aumentado sus erogaciones por debajo del IPC de este año; y para quienes deban afrontar mayores egresos a raíz de las transferencias de competencias por parte de Nación. 

Entre los compromisos de Nación, finalmente, se adelantará mes a mes el dinero necesario para atender los déficits de las cajas previsionales para aquellas administraciones que no transfirieron las mismas. 

La adenda describe también cuáles serán los gastos que Nación transferirá a las provincias. Entre ellas, se destacan la participación de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal en el financiamiento de la tarifa social del agua y servicios cloacales prestados por AYSA. En tanto, las provincias se harán cargo de los subsidios al transporte público de pasajeros y en la tarifa social eléctrica. Finalmente, Edenor y Edesur pasarán a manos de las jurisdicciones que gobiernan María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.